Santa Rosa, 22 de abril – Se reunió la Comisión de Legislación Social y Salud Pública, para debatir el proyecto por el que se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para llevar a cabo una auditoría externa de los programas sociales que se aplican en niñez, discapacidad y personas mayores.
Estuvieron presentes Laura Ramborger, subsecretaria de Planificación y Políticas Sociales; Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia; el abogado Fabricio Eduardo Santos, coordinador Legal y Técnico; Ana Paula Paulucci, directora general de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales; Emiliano Moreno, director general de Personas Mayores; Iván Poggio, director nacional de Discapacidad; y Rodrigo Lofval, director general de Niñez, Adolescencia y Familia.
Laura Ramborger, en su exposición ante diputadas y diputados, explicó el trabajo que viene realizando su área en torno al diseño y la aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas, con eje en el Plan “ProVida”, uno de los programas más integrales que impulsa el gobierno provincial.
“Para empezar a hablar de un tema que no es tan común como el monitoreo y la evaluación, queremos contarles que desde la Subsecretaría tenemos diseñado un sistema que nos permite analizar, corregir y readecuar nuestras políticas”, introdujo Ramborger.
Durante su exposición, destacó que el programa Pro Vida, al que definió como “el plan de las familias pampeanas”, abarca un amplio espectro etario, “desde la primera infancia hasta personas mayores”.
- “Trabajamos a partir de una mesa provincial Pro Vida que establece acuerdos, define qué componentes vamos a monitorear y sobre qué programas. En todos los casos, el trabajo se realiza con los equipos locales, porque nuestros programas están descentralizados y cada comunidad tiene sus particularidades”, subrayó.
- En relación con las herramientas utilizadas, la subsecretaria remarcó la importancia del sistema Pilquén, desarrollado específicamente para sistematizar datos, medir indicadores e informar la toma de decisiones.
“Pilquén nos ha servido para muchas cuestiones, tiene módulos adaptados para cada programa. Es una herramienta ágil que nos permite tomar decisiones ajustadas a la realidad”, explicó.
Además, enfatizó la necesidad de contar con evidencia empírica en el proceso de toma de decisiones: “Trabajamos con poblaciones complejas y contextos que no siempre son los esperados. Por eso, el monitoreo y la evaluación son insumos casi cotidianos en la ejecución pública”.
En otro pasaje, recordó cómo el análisis de los indicadores alimentarios derivó en la creación del programa RAFLE, Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario, orientado a garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los sectores más vulnerables.
Durante la ronda de preguntas, se le consultó por el convenio firmado con la UNLPam. “El IBS es un indicador nuevo, y es correcto que alguien lo monitoree, en este caso la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos hablando de una metodología de información social. En este caso, nosotros sí sentimos que nos hace falta una mirada de afuera porque es completamente nuevo en lo que estamos avanzando”, respondió Ramborger.
A su vez, remarcó que no cree necesaria una auditoría de control externa para los programas que están en la órbita del Ministerio. “No creo que sean una herramienta para poder repensar algunas políticas. La provincia ya tiene mecanismos para esa función”, sostuvo.
Finalmente, Bonino subrayó el enfoque no partidario del área: “Si hay algún ámbito en el que nunca se utilizó la cuestión jurídica partidaria para hacer diferencias, es en la Subsecretaría. Nosotros trabajamos con personas con problemas complejos, tratando de dar respuestas adecuadas”.
