Una docente de una institución secundaria de General Pico fue denunciada por realizar comentarios considerados peyorativos y humillantes hacia una alumna de 15 años, de origen judío, quien vivió durante siete años en Israel. El episodio ocurrió durante una clase de “Construcción de la Ciudadanía”, donde, según testigos, la docente emitió opiniones personales sobre el conflicto histórico entre israelíes y palestinos, tomando partido de forma explícita.
El hecho tuvo lugar en 2023 y generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito escolar como en la comunidad. A raíz de lo sucedido, los padres de la menor radicaron una denuncia en la comisaría, lo que dio inicio a una investigación contravencional en la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa.
Declaraciones del fiscal Armando Agüero
Consultado por este medio, el fiscal general Armando Agüero explicó que “es un hecho que involucra a una menor y hay prohibiciones respecto a lo que podemos contar, para no seguir estigmatizando o dañando la salud psicológica de la menor”. No obstante, brindó precisiones sobre el desarrollo del caso.
“La docente empezó a hacer comentarios relativos a estos enfrentamientos que ocurrieron con motivo de la franja de Gaza, tomando partido y haciendo valoraciones personales respecto a las motivaciones de esos conflictos”, relató Agüero. “Eso afectó directamente a esta niña, que es de origen judío, vivió en Israel, y tiene familiares vinculados al conflicto. Se sintió muy afectada, se largó a llorar y tuvo que retirarse del aula”.
El fiscal remarcó que lo investigado no constituye un delito penal, sino una contravención: “Intervenimos desde la fiscalía contravencional para evaluar si esa conducta fue una falta, no un delito. Pero aun así, se trata de una conducta merecedora de un reproche legal”.
Sanciones solicitadas por la Fiscalía
En este marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó una sanción de 60 días multa —convertida en una suma de dinero— y una prohibición de acercamiento entre la docente y la alumna afectada. “Es una sanción económica, similar a una infracción de tránsito”, explicó Agüero. “Puede haber, además, consecuencias administrativas en el ámbito educativo, que exceden nuestra competencia”.
Entre las posibles medidas complementarias, también se consideró la instrucción específica a la docente para evitar reincidencias. “La ley de educación puede prever sanciones adicionales a este tipo de conductas”, sostuvo el fiscal.
Un caso que plantea un precedente
Agüero reconoció que el caso abre un debate sobre los límites de la enseñanza en el aula. “Podés tener una visión personal o parcializada de la historia, pero lo que no podés es tomar partido haciendo manifestaciones hirientes, peyorativas o descalificadoras hacia otra persona”, enfatizó.
Y ejemplificó: “Es como cuando un docente habla sobre el proceso militar argentino justificando acciones contra familiares de desaparecidos. Una cosa es enseñar desde tu visión, y otra muy distinta es descalificar directamente a un estudiante o su historia personal”.
“Yo tuve docentes que enseñaban desde una mirada política diferente a la mía”, recordó. “En la universidad también pasa. Vos podés no compartir ciertas ideas, pero lo que no está bien es que te descalifiquen por eso, en ninguno de los sentidos”.
Cuatro jornadas de debate y testimonios clave
Durante el proceso, que se desarrolló en el Juzgado Contravencional a cargo del juez Maximiliano Boga Doyhenard, declararon alrededor de veinte testigos, entre ellos profesionales que evaluaron el estado psicológico de la menor. La Fiscalía sostuvo que los comentarios emitidos por la docente, con pleno conocimiento del origen de la alumna, constituyeron una forma de hostigamiento con impacto emocional comprobable.
La defensa, ejercida por el abogado Jerónimo Altamirano, solicitó la absolución de su defendida, rechazando que existiera intención de dañar a la alumna y considerando que los comentarios se enmarcaron en la libertad de cátedra.
El fallo se conocerá en abril
El veredicto será dado a conocer el próximo 9 de abril. La causa se tramita bajo el artículo 121, inciso 1, del Código Contravencional, lo que señala que no se trata de un delito penal, pero sí de una falta grave con relevancia jurídica y social.
El caso ha generado un fuerte debate en torno al rol docente, la libertad de expresión y el respeto por la diversidad en el ámbito educativo.
