La Fiscalía General ha iniciado una investigación por un presunto fraude a la administración pública, luego de que un empleado del área de transporte urbano del municipio de General Pico fuera denunciado por la emisión irregular de tarjetas SUBE con subsidio de discapacidad.
Según la denuncia realizada por su superior, el Sr. Bernardini, y el asesor legal del municipio, Dr. Baffini, el empleado habría emitido estas tarjetas a 22 personas sin contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), necesario para acceder a dicho beneficio.
La maniobra, que se habría extendido entre marzo de 2022 y junio de 2023, benefició a personas cercanas al imputado, ya que, según la acusación, muchas de ellas mantenían relaciones familiares o de amistad con el empleado investigado. Las tarjetas emitidas permitían el uso gratuito del transporte público, a pesar de que estas personas no reunían los requisitos legales.
En una entrevista exclusiva con INFOPICO RADIO 99.9, el fiscal a cargo del caso, Dr. Matías Juan, explicó que la investigación se originó tras una denuncia interna en el municipio. “La denuncia fue realizada por la Asesoría Legal del Municipio y el jefe de la división transporte urbano, el Sr. Bernardini, quienes detectaron que el empleado había emitido tarjetas SUBE con subsidio de discapacidad a personas sin el certificado correspondiente”, señaló el fiscal.
El caso se destapó cuando una persona acudió a renovar su tarjeta y, al ser consultada, admitió no contar con una discapacidad. “Esa persona manifestó que había recibido la tarjeta de parte del imputado, lo que encendió las alarmas sobre posibles irregularidades”, relató Juan. A partir de este testimonio, la fiscalía comenzó un cruce de información con diversas entidades para verificar la situación de las tarjetas emitidas por el empleado.
“Se detectaron 22 tarjetas que fueron emitidas sin la validación del Certificado Único de Discapacidad”, detalló el fiscal. Aunque algunas tarjetas sí correspondían a personas con dicho certificado, otras no cumplían con los requisitos necesarios para acceder al subsidio.
En cuanto a la situación actual del imputado, Juan confirmó que el empleado sigue trabajando en el municipio mientras se lleva adelante un sumario administrativo. “Aún continúa en su puesto, pero su situación laboral dependerá del resultado del sumario, mientras que la responsabilidad penal se definirá en un eventual juicio”, explicó.
Respecto a las posibles consecuencias legales, el fiscal señaló que el delito por el que se lo acusa es fraude a la administración pública, cuya pena puede variar entre 2 y 4 años de prisión. “Estamos en la etapa de recolección de pruebas y todavía queda formalizar la causa ante un juez. El imputado fue notificado de los hechos y las pruebas en su contra, aunque decidió abstenerse de declarar”, añadió.
Finalmente, el fiscal dejó abierta la posibilidad de que la investigación pueda ampliarse si surgen nuevos indicios. “La investigación está en curso, y aunque por el momento se han detectado 22 beneficiarios irregulares, no descartamos que haya más implicados”, concluyó.
