En un hecho que ha causado conmoción en General Pico, un enfermero de 43 años con antecedentes penales por abuso sexual ha sido denunciado por falsificar documentación para ingresar a trabajar en el Hospital Gobernador Centeno. La denuncia fue presentada por el director del hospital, el doctor Esteban Vianello, en la Fiscalía de General Pico hace aproximadamente una semana.
El fiscal a cargo del caso, Matías Juan, reveló detalles de la investigación en una entrevista con INFOPICO RADIO 99.9. Según el fiscal, la denuncia fue realizada por “una supuesta falsificación de documento y fraude de la administración pública de parte de un enfermero que trabajó para el Hospital Gobernador Centeno hasta mediados del año 2022”. El enfermero habría trabajado en el hospital por aproximadamente un año, aunque antes había estado empleado en otros centros de salud, como los hospitales de Eduardo Castex y de 25 de Mayo, también bajo condiciones irregulares.
El fiscal Juan explicó que la irregularidad fue detectada por “personal de la asesoría letrada del Ministerio de Salud de la provincia”, quienes notaron una “burda maniobra de adulteración de las fechas” en los documentos presentados por el enfermero. Esta manipulación le permitió al acusado ocultar su condena previa por abuso sexual y así presentar un certificado de buena conducta falsificado, lo que facilitó su contratación en varios hospitales.
Actualmente, el caso está en etapa de investigación y el acusado ha sido citado a declarar como imputado. “La persona en cuestión fue citada a declarar como imputada, se presentó hace unos tres. Hizo un breve descargo desligándose de los hechos”, informó el fiscal Juan. Además, aclaró que el acusado “no fue demorado, ni fue detenido, sino que fue citado y él libertad y se presentó como corresponde”.
En cuanto a las posibles consecuencias legales para el acusado, Juan señaló que la causa está caratulada por “falsificación de documento, falsedad ideológica, porque tiene que ver con el contenido de un documento público. El uso de ese documento falsificado y la finalidad última es defraudar a la administración pública”. De comprobarse su responsabilidad, enfrentaría una pena de “dos a seis años de prisión” y, debido a su condena previa, la pena sería de “efectivo cumplimiento”.
La audiencia de formalización está programada para el día de mañana, donde se espera que la jueza de la causa defina los próximos pasos del proceso judicial.
