La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de David Edgardo Bravo y Nurys Carballo Castillo, confirmando así la condena a 5 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa por delitos relacionados con la trata de personas. La resolución, firmada el jueves 8 de agosto por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, respaldó las decisiones del tribunal pampeano, afirmando que las críticas de las defensas solo reflejan su disconformidad sin demostrar una respuesta punitiva irracional o arbitraria.
La sentencia quedó firme, condenando a Bravo como partícipe necesario en el delito de trata de personas, donde se aprovechó la vulnerabilidad de mujeres mayores de 18 años para explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. Asimismo, se confirmó la condena contra Caraballo Castillo, dueña del prostíbulo, por la acogida de mujeres con fines de explotación sexual y el sostenimiento de una casa de tolerancia.
El Caso:
El caso salió a la luz en 2011, cuando más de setenta testigos declararon sobre las actividades irregulares en los cabarets de 25 de Mayo. La denuncia inicial provino de un empleado de la Dirección Nacional de Migraciones, quien recibió un llamado de una mujer dominicana que había escapado de uno de los establecimientos y relató la situación de maltrato y corrupción que allí se vivía.
La investigación, encabezada por la fiscala federal Marta Fernández de Odasso, reveló el funcionamiento ilícito de varios locales nocturnos en la zona. El año pasado, el fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó un juicio oral para determinar las responsabilidades de los involucrados, incluidos el exintendente David Bravo y la dueña del prostíbulo, Nurys Caraballo Castillo.
El Tribunal Oral Federal recopiló documentos que evidencian el papel de Bravo en la habilitación de estos establecimientos, destacando su firma en diversas ordenanzas y resoluciones municipales que permitieron el funcionamiento de los cabarets entre 2002 y 2012, a pesar de la prohibición explícita emitida en 2010 ante el avance de la causa judicial.
Es importante recordar que en 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ratificado una condena previa contra Bravo por abuso de autoridad, relacionado con la habilitación irregular de un cabaret, lo que le valió una pena de siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
