A la cero hora del jueves estará depositado en las cuentas de los empleados del estado el aumento otorgado del 10% y la ayuda escolar que el gobierno provincial determinó el 31 de enero en reunión de paritarias.
A pesar de las advertencias previas del ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, sobre la imposibilidad de satisfacer completamente las expectativas sindicales, la propuesta intentó preservar el poder adquisitivo de los salarios, fuertemente afectados por la inflación.
Lo determinado por el gobierno fue: aumento general del 10% sobre las escalas de diciembre a partir del 1 de enero. Además, un incremento del 15% en el mínimo garantizado, llevándolo a $325.116, lo que representa un aumento de $42.000. Otro punto destacado es el aumento del 200% en la ayuda escolar, elevando la suma a $90.000, aunque este beneficio no aplica a los funcionarios.
Estos ajustes se abonarán mañana con la liquidación complementaria del mes de enero, prevista para el 15 de febrero de 2024, y no sufrirán los descuentos automáticos vinculados con cuotas o servicios del Banco de La Pampa.
Respecto a los jubilados, se informó que sus haberes con el correspondiente aumento serán liquidados el 23 de febrero.
El gobierno provincial erogará de las arcas públicas $4.850 millones para hacer frente a los aumentos dispuestos.
La propuesta se da en un contexto donde los gremios buscan un aumento que, como mínimo, iguale la inflación de noviembre y diciembre de 2023, estimada en un 40%. Sin embargo, las expectativas de alcanzar un ajuste que iguale la inflación anual del 211,4% ya fueron moderadas por el gobierno provincial.
La situación financiera de la provincia es un factor crítico en estas negociaciones. El ministro Bisterfeld ha advertido sobre la merma en los fondos nacionales y la coparticipación, señalando que la provincia está utilizando los ahorros del fondo anticíclico para cubrir los gastos corrientes. Además, subrayó la importancia de ser cuidadosos en la negociación paritaria, considerando que la masa salarial mensual asciende a 20 mil millones de pesos.
Con esta propuesta, el gobierno busca un equilibrio entre las demandas sindicales y las restricciones presupuestarias, en un esfuerzo por mantener la estabilidad económica y el bienestar de los trabajadores estatales.
