En un movimiento financiero de gran relevancia, el Gobierno nacional ha realizado una transferencia significativa a la provincia de La Pampa, consistente en títulos públicos valorados en 23,4 mil millones de pesos. Este traspaso viene a resolver un conflicto judicial originado por descuentos inconstitucionales en la coparticipación federal de impuestos, un litigio que se extendió desde 2002 hasta 2018.
El ministro de Economía, en diálogo con InfoPico Radio 99.9, confirmó esta noticia, donde recalcó que “estábamos escépticos, pero había un fallo de la Corte Suprema y ahora estamos reuniendo toda la documentación correspondiente”.
“Adelantándonos a la situación, ya habíamos depositado en las municipalidades y Comisiones de Fomento y el martes que viene enviaremos 225 millones más por la diferencia de los intereses”, aclaró Guido Bisterfeld.
El funcionario hizo una comparación y explicó que el dinero girado por Nación representa un poco más de una masa salarial mensual, “igualmente, este dinero nos garantiza poder continuar con la construcción de viviendas”.
El juicio, iniciado en 2007 por el entonces gobernador Carlos Verna, se centró en los descuentos de fondos coparticipables realizados por el gobierno Nacional, cuyo destino era la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), durante el periodo comprendido entre abril de 2002 y noviembre de 2018.
Este desembolso representa un notable alivio para el actual gobierno pampeano, liderado por Sergio Ziliotto, quien había expresado sus dudas sobre el cumplimiento de este compromiso por parte del presidente Javier Milei. Con la reciente transferencia de estos bonos a la cuenta corriente provincial en el Banco de La Pampa, se disipan estas incertidumbres. El siguiente paso, según fuentes oficiales, es el registro formal de estos bonos.
Del total recibido, una porción significativa, aproximadamente 2.500 millones de pesos, está destinada a las municipalidades de La Pampa. En un gesto de previsión financiera, el gobierno de Ziliotto tomó la decisión de adelantar este dinero a finales de diciembre, evitando así la necesidad de que los municipios vendan los bonos recibidos.
El resto del monto se asignará a un ambicioso proyecto de infraestructura habitacional, que contempla la construcción de unas 900 viviendas en distintos puntos de la provincia. Este plan no solo aborda una necesidad social crítica, sino que también promete impulsar la economía local a través de la inversión en construcción y desarrollo urbano.
