¿Qué pasa con las casas que se adjudican y que no se habitan? Es una pregunta que surge mucho entre los ciudadanos. En relación con este tema, en “La Redacción” dialogamos con Érica Riboyra, gerenta de Planificación y Adjudicación del IPAV.
Riboyra explicó que “muchas veces recibimos denuncias de viviendas que ya fueron canceladas y escrituradas, pero esas ya son viviendas particulares y nosotros no podemos actuar porque no nos corresponde”
“En los casos que si podemos controlar son aquellos que las viviendas están al cobro del IPAV. Hacemos relevamientos en los barrios buscando información, controlando si están ocupando las casas y a partir de esos relevamientos surgen las irregularidades. También recibimos denuncias en nuestras oficinas y trabajamos sobre eso”.
La funcionaria manifestó que “los grupos familiares son sumamente dinámicos, van cambiando a través de los años y por ende varía quien ocupa la casa. Quien debería ocupar la vivienda es el grupo familiar adjudicatario, cualquier otra persona que esté allí y no sea de ese grupo, es una irregularidad. En ese caso, tenemos que sancionar”.
“Intervenimos en muchos casos, no todos llegan a una desadjudicación. Son muchos pasos previos a esa determinación, como notificaciones, tratar de regularizar los pagos, etc”, sostuvo Riboyra y aclaró que “controlamos todas las viviendas, las que se entregaron hace muchos años y las más nuevas. Todas las que están al cobro. Las que tienen más irregularidades son en general las casas más nuevas, porque las anteriores muchas fueron canceladas”.
“El costo de las cuotas es de 2800 pesos en algunos casos y en otros 5300. Se reajustan con el tiempo el valor de las cuotas, pero el tema del cobro es siempre más complejo. Trabajamos fuertemente en incrementar continuamente el porcentaje de viviendas que están al día”, aseguró Érica Riboyra.
